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Cuarto episodio

Habida cuenta de las peripecias y asperezas del trámite, ¿hace falta una ley para regular los debates presidenciales? No, pero lo propuso meses antes de las elecciones de 2015 Aníbal Fernández, jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, y uno de los potenciales participantes del oficialismo. Una idea insensata y peligrosa que sólo se entendió como uno de los tantos intentos del kirchnerismo para ganar tiempo y confundir al electorado. En lo que siempre habrá que insistir, en cambio, es en que la ciudadanía tome conciencia de lo que está en juego y se convenza de que un buen debate, organizado y ejecutado responsablemente, es uno de sus derechos, el que mejor transparenta la personalidad de los postulantes.
Lamentablemente las campañas, al adueñarse de los medios, incluso fuera de las tandas publicitarias, con incursiones en los programas, provoca en muchos votantes una sensación de saturación, de “empacho electoral” que en los sectores más indiferentes del electorado deja la sensación de haber cumplido y no es necesario molestarse en ir a votar, pese a que se trata del plato más sabroso.
Una primera lectura es que los debates, luego de circular sin mucho empeño por los medios audiovisuales, y aún después, por su facilidad de acceso por las redes sociales debido a los grandes avances de la tecnología, han dejado ese poco iluminado desván en que yacían. Ahora forman parte de la actualidad electoral de países democráticos y son motivo de análisis y reflexiones más profundas en la prensa más seria. “Sin debate pierde la ciudadanía”, tituló La Nación su editorial principal del 17 de abril de 2003. “Los candidatos protagonizan un debate vibrante y lleno de tensión”, opinó un analista sobre el encuentro público y ante las cámaras en el que Hollande superó a Sarkozy en las elecciones francesas de mayo 2012. “Un interminable juego del gato y el ratón”, fue calificado el diálogo en España en el que Rajoy esquivó los embates del candidato del PSOE durante las campañas de 2011.
Entre nosotros, el debate presidencial de los que en octubre de 2015 aceptaron el reto (Macri, Massa, Stolbizer, Rodríguez Saa y Del Caño, conocida ya la ausencia de Daniel Scioli) fue criticado por la prensa por mostrar “más propuestas que confrontación entre los candidatos”.
Unos meses antes, como se dio más arriba, el gobierno de Cristina había decidido terciar en la práctica de la herramienta a través de Aníbal Fernández con la propuesta de una ley destinada a regular los debates presidenciales, sustentada en obligar a los candidatos a participar de ellos.
La oposición, dadas las circunstancias adversas a la libertad de expresión que el kirchnerismo evidenciaba, advirtió que se trataba de una operación interna del oficialismo para que uno de sus presidenciables, Florencio Randazzo, equilibrara la ventaja que llevaba su colega Scioli, caído en desgracia durante la gestión de Néstor Kichner y no contaba con la bendición de Cristina.
La Iglesia también dejó oír su voz ante la maniobra: el titular de la Pastoral Social del Episcopado, Jorge Lozano, reveló que en un encuentro del que participaron Scioli, Mauricio Macri, y Sergio Massa, éstos manifestaron su interés en debatir y así se hizo. “Esto huele a interna del oficialismo”, había corroborado Macri. Igualmente su partido, Pro, relativizó los efectos de la norma propuesta por el oficialismo. “Mauricio siempre se prestó a debatir. No necesitamos una ley que nos obligue”, dijeron en su entorno. Finalmente la norma se esfumó y salió, como entró, sin pena ni gloria, de la actualidad electoral.