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Domingo 28 de febrero de 2021

Marketing Estados Unidos | EL MAYOR CASO DE FRAUDE EN EL MARKETING DE SALUD EN LA HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Por Redacción Adlatina |

Pfizer pagará 2.300 millones de dólares por un juicio de marketing fraudulento

(Advertising Age) - El laboratorio resuelve así el caso que involucró a Bextra y otras drogas de su producción.

Pfizer pagará 2.300 millones de dólares por un juicio de marketing fraudulento
Pfizer, con base en Nueva York, multada en cifras record por realizar falso marketing y promoción de varias de sus drogas.

El gigante farmacéutico Pfizer se comprometió a pagar 2.300 millones de dólares para resolver el mayor caso de fraude en el marketing de salud de la historia del Departamento de Justicia estadounidense.

El arreglo se produce para zanjar los cargos realizados por las autoridades en el sentido de que Pfizer hizo falsamente marketing y promoción para cuatro de sus medicamentos: Bextra, analgésico; Lyrica, anti epiléptico; Zyvox, antiinfeccioso, y Geodon, tratamiento para la esquizofrenia. También alegó que Pfizer sobornó a médicos para que prescribieran otras nueve medicinas del laboratorio.

El gobierno acusó a Pfizer de comercializar a Bextra para lo que se denomina “uso off-label”, esto es, fuera de las especificaciones para las que la droga fue aprobada por la FDA. Según las autoridades, desde 2002 hasta abril de 2005 el laboratorio utilizó argumentaciones falsas y engañosas de seguridad y eficacia para promover a Bextra para usos no aprobados, y dosis superiores al nivel permitido por la entidad.

La unidad Pharmacia & Upjohn, de Pfizer, que elaboró a Bextra hasta que fue retirada del mercado por el laboratorio en 2005, se declaró culpable de un cargo criminal de violar el Acta de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Estados Unidos, por desvirtuar la marca del analgésico. La resolución incluye un cargo por 1.300 millones de dólares por multas y decomisos, la mayor aplicada en una acción sustanciada en Estados Unidos, y otros 1.000 millones derivados de cargos combinados federales y estatales, por aplicación de la False Claim Act. La proporción federal del arreglo civil es de 668.514.830 dólares, y la de Medicaid, de 331.485.170 dólares.

 

Prioridad, la integridad corporativa

En una declaración, Pfizer, de Nueva York, sostuvo: “Lamentamos ciertas acciones del pasado, pero estamos orgullosos de la acción que hemos tomado para fortalecer nuestros controles internos y haber lanzado nuevos procedimientos para no sólo cumplir con las leyes federales y estatales sino también alcanzar los altos estándares que los pacientes, médicos y el público esperan de una compañía líder mundial dedicada a curar y a mejorar la salud”. Agrega que “la integridad empresaria es una prioridad absoluta para Pfizer, y continuaremos realizando acciones apropiadas para resaltar más nuestras prácticas de fortalecimiento de la confianza pública en nuestra compañía”.

El Departamento de Justicia dijo que el equipo de marketing de Pfizer posicionó a Bextra para atacar el dolor agudo, el dolor derivado de operaciones quirúrgicas y otros casos no aprobados; creó material de venta y mensajes que promovían a Bextra para tales usos, encargó investigaciones de mercado para probar esos materiales de venta, y confirmó los mensajes no aprobados.

En la porción civil del caso, el gobierno afirmó que Pfizer violó el False Claims Act al prometer acciones que guiaron a realizar compras por medio de Medicare y otros programas médicos federales. Esto se realizó para promover Bextra, Geodon, Zyvox y Lyrica para usos no aprobados por la FDA; hacer y distribuir “representaciones falsas y no sustanciadas” sobre la seguridad y eficacia de Bextra, Geodon, Zyvox y Lyrica, y por pagar sobornos a proveedores de salud para inducirlos a prescribir las cuatro drogas. También acusó a la compañía de pagar sobornos para empujar las ventas de otras nueve drogas: Aricept, Celebrex, Lipitor, Norvasc, Relpax, Viagra, Zithromax, Zoloft y Zyrtec.

“El arreglo civil y pedido de acuerdo de Pfizer representa otro ejemplo de las penalidades que se ponen en juego cuando una compañía farmacéutica ubica a los beneficios económicos por encima del bienestar de los pacientes”, dijo en declaración especial Tony West, assistant attorney general para la división civil del Departamento de Justicia. “Cuando los fabricantes socavan las reglas de la FDA, están interfiriendo en el juicio del médico y pueden poner en riesgo la salud de los pacientes”, señaló Michael L. Levy, procurador del distrito este de Pennsylvania. “El público confía en que las compañías comercialicen sus drogas para los usos que la FDA ha aprobado, y confía en que los médicos están utilizando un juicio independiente”.

Redacción Adlatina