Un grupo de notables, incluidos ex funcionarios de distintos gobiernos de Estados Unidos, reclamó anteayer que las tabacaleras del país “cumplan con sus compromisos” y “no dejen de aportar fondos para la campaña anti tabaco dirigida a la juventud”.
“Al dejar de apoyar la acción publicitaria –dijo Joseph Califano Jr., secretario de Salud, Educación y Bienestar Social de la administración de James Carter– las empresas condenan a millones de niños y adolescentes a una muerte prematura o la invalidez”. Califano habló en una conferencia de prensa en la que se anunció el pedido a la industria para que continúe con la llamada “Campaña por la Verdad”, que tiene como target a niños y jóvenes de entre 12 y 17 años, a través de comerciales de TV.
El acuerdo de 1998, firmado durante el gobierno de Clinton, preveía que las cuatro empresas tabacaleras mayores de Estados Unidos proveyeran a la American Legacy Foundation de 300 millones de dólares por año mientras esas compañías conserven 99,05 por ciento del mercado de cigarrillos del país. La Fundación auspicia programas de educación y prevención, incluyendo la Campaña de la Verdad.
Cambio de cifras
Pero en 2003, el market share de Philip Morris, Lorillard, R.J. Reynolds y Brown & Williamson cayó por debajo del porcentaje fijado, y las empresas dejaron de aportar para el Fondo. Las firmas tienen ahora entre 92 y 93 por ciento del mercado; compañías de menor tamaño que han aparecido abruptamente poseen el resto.
“Nosotros nunca anticipamos que nuestra porción caería tanto”, dijo del procurador general de Connecticut, Richard Blumenthal. “No queremos decir que era un vacío legal, porque sabíamos que existía”.
No obstante, funcionarios oficiales y expertos en salud sostienen que, en un acuerdo informal realizado paralelamente al convenio de 1998, las compañías estuvieron de acuerdo con continuar la educación de los jóvenes contra los daños del tabaco.
“No más pagos”
Del lado empresario se lo ve de distinta manera. “Hemos cumplido con la obligación financiera”, asegura Carol Crosslin, una vocera de R. J. Reynolds. “No vamos a hacer pagos adicionales”, agrega.
La actitud de las compañías despertó la reacción de todos los ex secretarios de salud pública y funcionarios de los entes de control y prevención de los últimos veinte años. En conferencia de prensa, los miembros de la Comisión Ciudadana de Protección de la Verdad denunciaron el incumplimiento de las empresas del acuerdo informal.
“No podemos dejar que la Big Tobacco destruya la campaña más efectiva que tenemos para restringir el consumo de tabaco en los niños y jóvenes”, enfatizó Califano, chairman de la comisión.
La American Legacy Foundation sostiene que la campaña, entre otras cosas, fue responsable de reducir en un 25 por ciento el consumo entre los estudiantes universitarios en dos años, desde que se puso en marcha. Ahora la comisión busca llegar a un millón de firmas para su realizar su petición online.
“Al dejar de apoyar la acción publicitaria –dijo Joseph Califano Jr., secretario de Salud, Educación y Bienestar Social de la administración de James Carter– las empresas condenan a millones de niños y adolescentes a una muerte prematura o la invalidez”. Califano habló en una conferencia de prensa en la que se anunció el pedido a la industria para que continúe con la llamada “Campaña por la Verdad”, que tiene como target a niños y jóvenes de entre 12 y 17 años, a través de comerciales de TV.
El acuerdo de 1998, firmado durante el gobierno de Clinton, preveía que las cuatro empresas tabacaleras mayores de Estados Unidos proveyeran a la American Legacy Foundation de 300 millones de dólares por año mientras esas compañías conserven 99,05 por ciento del mercado de cigarrillos del país. La Fundación auspicia programas de educación y prevención, incluyendo la Campaña de la Verdad.
Cambio de cifras
Pero en 2003, el market share de Philip Morris, Lorillard, R.J. Reynolds y Brown & Williamson cayó por debajo del porcentaje fijado, y las empresas dejaron de aportar para el Fondo. Las firmas tienen ahora entre 92 y 93 por ciento del mercado; compañías de menor tamaño que han aparecido abruptamente poseen el resto.
“Nosotros nunca anticipamos que nuestra porción caería tanto”, dijo del procurador general de Connecticut, Richard Blumenthal. “No queremos decir que era un vacío legal, porque sabíamos que existía”.
No obstante, funcionarios oficiales y expertos en salud sostienen que, en un acuerdo informal realizado paralelamente al convenio de 1998, las compañías estuvieron de acuerdo con continuar la educación de los jóvenes contra los daños del tabaco.
“No más pagos”
Del lado empresario se lo ve de distinta manera. “Hemos cumplido con la obligación financiera”, asegura Carol Crosslin, una vocera de R. J. Reynolds. “No vamos a hacer pagos adicionales”, agrega.
La actitud de las compañías despertó la reacción de todos los ex secretarios de salud pública y funcionarios de los entes de control y prevención de los últimos veinte años. En conferencia de prensa, los miembros de la Comisión Ciudadana de Protección de la Verdad denunciaron el incumplimiento de las empresas del acuerdo informal.
“No podemos dejar que la Big Tobacco destruya la campaña más efectiva que tenemos para restringir el consumo de tabaco en los niños y jóvenes”, enfatizó Califano, chairman de la comisión.
La American Legacy Foundation sostiene que la campaña, entre otras cosas, fue responsable de reducir en un 25 por ciento el consumo entre los estudiantes universitarios en dos años, desde que se puso en marcha. Ahora la comisión busca llegar a un millón de firmas para su realizar su petición online.
