La libertad de prensa, como garantía constitucional constituye un largo proceso de luchas en pos de la preservación de la libertad de expresión, como derecho insustituible de todos los hombres y mujeres que hemos optado vivir en democracia.
La opresión recurrió a los más diversos mecanismos de censura para acallar las opiniones disidentes. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la sanción de la Constitución de los Estados Unidos se dieron los primeros pasos tendientes a la institucionalización del derecho a publicar y difundir libremente las ideas. En nuestro continente, la libertad de prensa esta siendo vulnerada en forma sutil en algunos casos y más descaradamente en otros.

Sin duda, la opinión pública es uno de los pilares del sistema democrático; con ella a favor se pueden lograr muchas cosas. Y eso los gobiernos autoritarios lo saben, por lo que influir sobre ella ha pasado a ser para muchos de ellos un factor decisivo de su accionar.
De allí que la necesidad de incrementar las medidas tendientes a la preservación de la garantía de poder expresarse libremente ha pasado a ser una de las banderas de la libertad individual y de toda la sociedad.                                                                   En Venezuela, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, establece regulaciones del contenido de los programas de radio y televisión. Estas regulaciones son vagas y genéricas, dando al gobierno la potestad de sancionar según su conveniencia política.                      

Así fue como el 27 de mayo de 2007 fue retirada del aire RCTV Radio Caracas Televisión, una emisora líder en audiencia y critica al gobierno. La orden fue dictada por el tribunal supremo, haciéndose cargo los militares de las instalaciones en todo el país.

Al ejemplo venezolano  podemos agregarle lo que viene sucediendo en Ecuador, donde es investigado el canal ECUAVISA y recibieron reprimendas las radios Caravana y Sucre. Dichas acciones están a cargo del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión.

En el primer caso, la medida obedeció a que el canal había divulgado grabaciones de una reunión “privada” de la Armada de ese país. En cambio las radios fueron acusadas de haber transmitido expresiones ofensivas.                                                                                                        El presidente ecuatoriano ataca permanentemente a la prensa. Ha calificado a los periodistas de mediocres, y parafraseando a Tony Blair mencionó aquello de bestias salvajes, a una redactora de dijo gordita horrorosa, a un diario lo trato de una porquería, a otro lo amenazó con una querella, y denostó de modo sistemático a dos de sus periodistas, Carlos Vera y Jorge Ortiz.

Días pasados, en el discurso que pronunció con motivo de su primer aniversario en el gobierno, tildó a una anciana opositora de vieja pelucona (aclaro que el mote pelucón, es sinónimo de rico), un léxico bastante ramplón para un primer mandatario.

El gobierno boliviano ordeno seguir y filmar las actividades de periodistas y opositores. Si bien lo negó, hay evidencias de por lo menos 44 seguimientos.

Muchos de estos gobiernos manipulan intereses gremiales relacionados con la ya caduca colegiatura obligatoria periodística como un arma para amedrentar a los medios que no gozan de la simpatía gubernamental.

Restringir, mediante una ley, el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a buscar información y transmitirla libremente, permitiendo que sólo los periodistas agremiados puedan hacerlo, vulnera derechos fundamentales reconocidos en la historia de los países libres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace unos años una Opinión Consultiva afirmando que la colegiatura obligatoria es una medida “en contra de los derechos humanos”. Mas aún cuando en el mundo globalizado por Internet cualquier persona puede opinar, analizar, informar y compartir los temas que considere importantes en forma totalmente libre y sin restricciones. Al parecer por estas latitudes estamos involucionando.

Y estos gobiernos no quieren entender que el rol de los medios de comunicación es vigilar a los poderes públicos y nunca el papel de los poderes controlar a los medios.